La minería traducida en números, leyes y polémicas

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De los cinco principales productos minerales que Argentina comercializa en el exterior, los dos primeros vienen de la minería metalífera: el cobre y la plata encabezan las exportaciones mineras. Los datos son del periodo 2005-2009, de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Informe Sectorial de Mineria (2010).

El cobre aportó 995 millones de dólares en 2005 y para 2009 ya tenía una facturación de 917 millones de dólares. En el segundo puesto, la plata aumentó sus ingresos por exportaciones de 11 millones de dólares en 2005 a 121 millones en 2009, que significa un incremento nada despreciable del 1000%.

Por todo eso, la minería es uno de los sectores económicos que más ha crecido en Argentina. Y no solo en el aspecto económico, también en la discusión ciudadana sobre su cuestionadísimo impacto ambiental de los metales y su proceso de separación.

El resto de los minerales pertenecen al rubro “Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos”. Todas las exportaciones medidas en dólares FOB.

Además de las ventajas impositivas de una ley del menemismo (que en su artículo 22 fija las regalías en 3%), ahora las mineras están exentas de los derechos de exportación. Esto quiere decir que no pagan impuestos por comercializar al exterior los minerales. El anuncio lo hizo Macri en San Juan -donde está el proyecto Pascua Lama-.

La re-re rediscusión en Chubut

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El gobernador Mario Das Neves derogó la ley minera sancionada en una polémica sesión del 2014. Pese a que las asambleas ambientales juntaron más de 13 mil firmas para presentar la Iniciativa Popular -prevista tras la reforma de la Constitución de Chubut en 1994-, los diputados tardaron casi un año en tratarla -estaban obligados- y finalmente propusieron tantos cambios que el texto original quedó desvirtuado.

De ser un proyecto de ley que establecía mayores restricciones a la actividad minera, la convirtieron en una convocatoria a debates por regiones. El planteo del lobby minero y de la dirigencia política es que en la Meseta había mayor consenso social para explotarla -una región golpeada por la desocupación y la crisis agropecuaria-.

De aquella sesión del 2014 quedó la imagen del diputado Gustavo Muñiz, del Frente para la Victoria, recibiendo un mensaje de texto de un operador de la industria minera. “Después el Ejecutivo lo reglamenta”.

En Chubut está habilitada la exploración de minerales metalíferos pero la producción tiene una ley restrictiva: la 5001 (aunque con el cambio del digesto, quedó denominada como Ley XVII 68). “Prohíbese la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut, a partir de la sanción de la presente Ley, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera”, indica.

Hay otra ley que suspende cualquier actividad minera al oeste de la Ruta 40, por toda la cordillera chubutense, hasta que la provincia concluya un mapa de ordenamiento ambiental. Esta legislación fue varias veces prorrogada porque en su texto dice que la suspensión es por tres años. Para leerla, está acá.

El caso santacruceño

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En Santa Cruz, la explotación de oro y plata está mayormente en el Departamento Magallanes, donde están las minas Cerro Vanguardia, Manantial Espejo y Veta Martha. MECON Informe Santa Cruz destaca que en el rubro Explotación de Minas y Canteras -minería e hidrocarburos- aportó un tercio del valor agregado de esa provincia. Y el 19% de los empleos formales.

“Es importante en Santa Cruz la actividad minera que incluye la explotación de minerales metalíferos, no metalíferos y rocas de aplicación. La producción metalífera cobró impulso a partir del año 1998, cuando comenzó a explotarse el Cerro Vanguardia, principal fuente de extracción de oro y plata a cielo abierto”, describe el informe de Economía.

Otro apunte: “En Santa Cruz se extrae el 21% del oro del país y el 49% de la plata. Otra actividad minera tradicionalmente  relevante es la extracción de carbón mineral, siendo Santa Cruz la única provincia productora de este mineral en el país”.

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Para aprovechar este volumen de actividad, el gobierno santacruceño impulsó un cánon minero que finalmente no prosperó. El Impuesto al Derecho Real de la Propiedad Inmobiliaria Minera consistía en el pago de un tributo calculado según las declaraciones juradas de las empresas. Tras las presentaciones judiciales de las compañías, el gobierno prefirió anular la iniciativa.

En tanto Neuquén tiene un actividad minera leve en relación a su industria petrolera y gasífera, Río Negro mantiene una discusión al mismo nivel que en Chubut sobre autorizarla o no. En Tierra del Fuego cuentan con una ley que prohíbe la explotación de minerales metalíferos con la modalidad a cielo abierto de gran escala.

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